El fuego como excusa
Los incendios en islas frente a Rosario es excusa para renovar la presión de organizaciones “verdes” para que se debata una vez más una posible Ley de Humedales.
Por Gerardo Gallo Candolo | 30-08-2020 11:00hs
Los incendios en islas frente a Rosario es excusa para renovar la presión de organizaciones “verdes” para que se debata una vez más una posible Ley de Humedales. Aunque esta vez no hay un proyecto único en marcha, los antecedentes de estas organizaciones, muchas de ellas internacionales, y las manifestaciones del Ministro de Ambiente despiertan sobresalto en la producción nacional.
La iniciativa parece tener sustento en el propio Ministerio de Ambiente. Bajo su regulación quedarían más de 69 millones de hectáreas que abarcaría a gran parte de la producción e industria arrocera y forestal de Corrientes, Entre Ríos, zonas ribereñas santafecinas y del delta bonaerense; territorios cuyanos, rionegrinos, la de terneros de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, importantes áreas productivas de las provincias de Formosa y Chaco, por citar solo algunas de ellas. El Ministerio de aplicación quedaría facultado a aplicar multas multimillonarias a productores, industrias y otros actores.
Desde siempre se ignoró la opinión de los sectores productivos e industriales provinciales, científicos y técnicos como los especialistas del INTA. En este caso no se escuchó al mayor referente técnico en la materia, ya que el INTA en el 2016 indicó que la definición de humedal de aquel proyecto involucraba áreas que no son tales; ya que una estimación del Instituto de Suelos de INTA en donde se consideran los suelos Hídricos solamente (humedales), la superficie nacional involucrada resulta ser de 33,6 millones de hectáreas, es decir el 12% del territorio continental, pero si se agregan los suelos de campos bajos anegables sólo temporariamente, como lo propuesto por estos “verdes”, el total ascendía a más de 69 millones de has, es decir el 25% del total del país.
Estas organizaciones insisten, al parecer, en utilizar el concepto “preservar servicios ecosistémicos” en vez de “conservar funciones ecosistémicas”, tal lo aconsejado por el INTA hace cuatro años, pues “el concepto “preservar” hace que no sean viables los sistemas productivos tradicionales, ya que todos en mayor o menor medida afectan uno o varios servicios ecosistémicos, pero no necesariamente las funciones ecológicas. Este no es un dato menor, ya que ello hace sospechar de intereses ajenos al de un sector fundamental de nuestra economía, sino también sería una punta de lanza para la intromisión del Estado sobre la propiedad privada con argumentos pseudocientíficos o, sencillamente, de una supuesta opinión de vecinos.
Las organizaciones “verdes” que manejan los hilos de estas cuestiones, siempre difunden estudios técnicos que se basan en investigaciones sin rigor científico, y en última instancia cuando la verdadera ciencia los acorrala el concepto es: “no importa que no sea verdad, sino que la opinión pública lo considere así”; es por eso que la mayor parte de sus recursos lo invierten en comunicación, justamente el área pésimamente manejada por la producción nacional.
De resurgir esta iniciativa, tal cual así parece, la provincia más afectada sería Corrientes, ya que comprometería el uso racional de más del 50 por ciento del territorio provincial que se encuentra con proyectos agropecuarios y obras de infraestructura productiva. Estos proyectos afectarían la jurisdicción provincial, ya que un productor correntino que quiera generar una inversión deberá gestionarla a través de un organismo nacional en caso de sancionarse esta ley. La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes alertó en 2015 que la forma en que se redactó esa iniciativa incluía erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos que suman 1.700.000 hectáreas, el 20% del territorio correntino. En la provincia de Buenos Aires, este concepto no solo sumaría la Cuenca del Salado, la mayor área productora de terneros del país, sino también el Delta y grandes extensiones del Oeste, Río Quinto, que totalizan más de17 millones de hectáreas.
Esto también lo alertó el INTA: “existe también una agroindustria dependiente de la producción primaria de los humedales para proveerse de insumos, como son los casos de la industria frigorífica que se provee de bovinos de la Cuenca del Salado, de los Esteros del Iberá y de las Islas del Delta, gran parte de la ganadería de pastizales húmedos completa la Cuota Hilton del país”.
De renovar esta iniciativa, el Ministerio de Ambiente administraría una caja multimillonaria, “Fondo Nacional de Humedales”, integrada por partidas del presupuesto nacional, según la iniciativa rechazada en varias oportunidades. Pero también el proyecto contemplaba que podía financiarse, entre otras figuras jurídicas, con donaciones y aportes de organizaciones internacionales; hecho gravísimo a los intereses del país, teniendo en cuenta la influencia de organizaciones multinacionales que normalmente acarrea estos convenios, en decisiones de un sector fundamental para la economía nacional. Varios empresas agroindustriales argentinas conocen las presiones recaudatorias de organizaciones internacionales, que bajo la pantalla ambientalista no hacen diferencia en su accionar con organizaciones delictivas.
Las continuas manifestaciones del Ministro de Ambiente acusando a ganaderos por los incendios frente a Rosario sin pruebas, ni tener claro el verdadero motivo de los mismos, animan a estas organizaciones para volver a la carga y pone en estado de alerta a la producción nacional.