En un anuncio sorpresivo, el presidente Alberto Fernández anunció hoy, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, la intervención del Grupo Vicentinpor medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia.De esta forma el Gobierno dispuso la intervención del grupo y explicó que persigue la estatización de la concursada empresa agroexportadora para formar una empresa de capitales públicos y privados, gerenciada por YPF Agro, con Gabriel Delgado como interventor.

El primer mandatario explicó que el Estado, "saldrá al rescate" de la firma que se encuentra al borde de la quiebra y con una deuda de US$ 1350 millones, y  buscará su expropiación en el Congreso.

Tenemos el propósito de rescatar a Vicentin. Por eso estamos firmando un DNU que impone la intervención del grupo. Hemos designado a Gabriel Delgado, experto en el tema.

Al respecto el presidente declaró que la empresa está sumida en una profunda crisis y que el Banco Nación es su principal acreedor. "Estamos mandando una ley de expropiación del grupo para que el Estado Nacional se haga cargo. Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública", explicó  y agregó que: "Tenemos el propósito de rescatar a Vicentin. Por eso estamos firmando un DNU que impone la intervención del grupo. Hemos designado a Gabriel Delgado, experto en el tema".

Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado. Favorece a la Argentina en este momento para lograr una soberanía alimentaria.

Alberto Fernández también remarcó que todos los trabajadores de la empresa continuarán en sus puestos de trabajo y que "se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado. Favorece a la Argentina en este momento para lograr una soberanía alimentaria, gestionada por YPF Agro".

Además, definió a la medida como una "decisión histórica" y explicó que teniendo una “empresa testigo” en el mercado, el Gobierno buscará la “soberanía alimentaria” pensando en los tiempos que se vienen, en donde los alimentos son fundamentales. El mandatario también expresó que a través del decreto buscan "mantener en pie una empresa que nos importa que siga funcionando" y, ante las consultas sobre declaraciones de la oposición sugiriendo similitudes con expropiaciones al estilo de Venezuela, respondió que esta “empresa está en concurso, camino a la quiebra” y dejó la pregunta: "¿Queremos saber lo que pasa adentro?".

La empresa, una de las 10 agroexportadoras más importantes de la Argentina, entró en cesación de pagos con sus acreedores el día 5 de diciembre del año 2019, cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones por "estrés financiero", generando graves perjuicios en la cadena productiva del agro. Con una deuda de u$s 1.350 millones, de los cuales u$s 1.000 millones fueron en créditos tomados de la banca pública, la empresa solicitó en febrero la apertura formal del concurso preventivo de acreedores, finalmente declarada por un juzgado de Santa Fe. De la empresa, dependen unas 7 mil familias en forma directa y tiene de acreedores al Banco Nación y a cientos de pequeños productores y PYMES.