Con el fin de cubrir los gastos que resultaron de decisiones tomadas durante la última campaña electoral, el gobierno Nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual modifica el Presupuesto Nacional para obtener 86 mil millones de pesos extras. Entre las fuentes de financiamiento a las que se recurren está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de donde obtendrán 8.100 millones de pesos.

Este golpe al bolsillo del INTA llega en un momento complicado para la institución, ya que se encuentra en problemas para afrontar gastos corrientes de mantenimiento de las instalaciones y recortes en el financiamiento de proyectos.

Entre las necesidades económicas que se deben cubrir, el DNU 740/2019 menciona los aumentos en los haberes y jubilaciones de todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de la Nación, cubrir necesidades de la Auditoría General de la Nación y afrontar necesidades operativas del Consejo de la Magistratura.

Otro de los considerandos del DNU hace referencia al reclamo de provincias paracubrir el financiamiento productode la reducción del IVA: “Que las Provincias de Entre Ríos, Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán cuestionaron en instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, distintas medidas adoptadas por el Estado Nacional a través de los Decretos Nros. 561 del 14 de agosto de 2019, y 567 del 15 de agosto de 2019 para asistir a los sectores más vulnerables y a los trabajadores de nuestro país, y solicitaron en forma cautelar que el Estado Nacional suspenda la aplicación esos decretos y de cualquier norma o acto administrativo dictado en su consecuencia.

Que por las decisiones a las que se hace referencia en el Visto, el Alto Tribunal ordenó cautelarmente que los efectos fiscales de la aplicación de las medidas cuestionadas sean soportados con recursos propios del Estado Nacional”.

Este golpe al bolsillo del INTA llega en un momento complicado para la institución, ya que se encuentra en problemas para afrontar gastos corrientes de mantenimiento de las instalaciones y recortes en el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo de nuevos instrumentos técnicos para el sector agropecuario. A cambio de los fondos, que saldrán de la cuenta del Banco Nación que administra el Tesoro donde se deposita el dinero proveniente de la Ley INTA, el instituto recibirá un pagaré con fecha de vencimiento el 12 de marzo de 2020.

Los otros aportantes que completan los más de 80 mil millones son: El ministerio del Interior con 65.000 millones, el Ente Nacional de Comunicaciones con 5.500 millones, la Superintendencia de Seguros de la Nación con 4.200 millones y el Instituto Nacional de Promoción Turística con 4.000 millones