“Vamos a defender la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM, ratificada por la Resolución152/21 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la ley, la moral, y nuestras convicciones de proteger a los miles de pequeños productores y trabajadores que son nuestra bandera”, dijo Juan José Szychowski, presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM).

Tales expresiones, tuvieron lugar en una conferencia de prensa que brindó el ente yerbatero esta semana en el marco de la medida del juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón Fresneda, quien dio lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la empresa La Cachuera S. A, que solicitó la nulidad de las resoluciones, actitud que, para Szychowski, abrió la instancia para “evaluar el accionar de la empresa, entendiendo que, si incurre en el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, de ser necesario, se formalizará una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia”.

De no implementarse la Resolución 170 habría una caída de los precios, lo que generaría una profunda crisis en el sector yerbatero y “cuando esto ocurre, hay crisis en toda la sociedad, porque es la yerba que mueve la economía, en cada una de las localidades de la región”, señaló el presidente del organismo yerbatero”.

Por su parte, Ricardo Maciel, vicepresidente de la institución, sostuvo que existen dos escenarios de dos modelos contrapuestos: “Uno es el que defiende el INYM, ligado al camino del pleno desarrollo económico, que se enmarca en la inclusión social, y que permite que cada productor plante 5 hectáreas de yerba mate y haya trabajo para todos, evitando la concentración de los grandes grupos económicos, y el otro, que busca maximizar las ganancias fomentando la concentración económica en manos de unos pocos”.

Con estas palabras, Maciel se refirió al caso específico de La Cachuera S.A “que al hacer este planteo judicial busca profundizar una absoluta concentración judicial”.

En lo que se refiere al aspecto legal, el síndico Raúl Jouliá sostuvo que “está en juego la institucionalidad del INYM”, a la vez que aseguró que la ley 25.564 creada por el ente yerbatero, “ordena, obliga a intervenir y a dictar medidas que ordenen el crecimiento regulado de producción y a toda la cadena yerbatera”.

En lo que se refiere a la Ley de la Competencia, el síndico explicó que el caso de la empresa en cuestión es la segunda más importante del sector y exportadora de yerba mate y plantea que, en 2, 3, o 4 años plantar 1.000 hectáreas. "Este escenario plantea que esa cantidad dividido 5, es la cantidad de hectáreas que establece la Resolución170 por productor, dejando fuera a 200 de ellos, lo que significa que la empresa al restar 5 hectáreas afecta a 200 familias", resaltó Maciel.

“La resolución judicial tomada en Paso de los Libres, está muy lejos de los miles de trabajadores y de las plantaciones de yerba mate”, resaltó Szychowsk. Este problema afecta a la sociedad en su conjunto y desde el INYM sostienen que “no hay posibilidad de crecimiento alguno si no se tiene en cuenta la inclusión social, directamente relacionada con el trabajo agrario desde ese punto de vista”

Para finalizar, Maciel resaltó que con la Resolución 170, “queremos una producción distribuida en pequeñas unidades, que los agricultores se dediquen a producir la materia prima, y que las industrias inviertan ese dinero en ampliar y lograr nuevos mercados”.

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