Hidrovía Paraná-Paraguay

La Administración General de Puertos licita dragado de mantenimiento de la Hidrovía por US$ 100 millones

Como flamante administradora a cargo de la Hidrovía es la primera medida que toma la AGP. La licitación pública nacional para la contratación de la obra de dragado para el mantenimiento del corredor fundamental del comercio exterior nacional, por 180 días, mientras se prepara la licitación 'larga' estipulada para el año que viene.

Por Marcelo Frankel | 23-09-2021 12:00hs

Fue aprobada por la Administración General de Puertos (AGP) la convocatoria a licitación pública nacional para la contratación de la obra de dragado para el mantenimiento de la vía navegable troncal, corredor fundamental del comercio exterior nacional, la Hidrovía Paraguay Paraná, por el plazo de 180 días corridos prorrogables. El presupuesto gubernamental para la actividad está estimado en US$ 80,28 millones, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 21%.

Como flamante administradora a cargo de la Hidrovía, es la primera medida que toma la AGP. Fue a través de la resolución 136/2021 publicada el martes en el Boletín Oficial, que aprobó además del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas que regirán sobre el contrato de la convocatoria a la licitación.

En la resolución se autorizó también la contratación directa por urgencia con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados para llevar a cabo las labores de dragado de mantenimiento de la Hidrovía, desde 11 de setiembre último y por el término de 90 días desde esa fecha.

A partir del pasado sábado 11 de septiembre, la AGP comenzó la gestión temporal por 12 meses de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que pasa el 80 % de las exportaciones nacionales, hasta tanto se adjudique la licitación de largo plazo para el dragado, balizamiento, control y cobro del peaje de la vía fluvial fundamental del comercio exterior argentino.

Este nuevo esquema cuenta además con un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado ad hoc a finales de agosto por el Gobierno nacional, y de la que también forman parte el Poder Ejecutivo Nacional, representantes de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, las 7 provincias ribereñas atravesadas por la hidrovía.

El corredor fluvial recorre en la Argentina 1.635 kilómetros, sobre un total de 3.400 que posee el canal que se comparte con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El 1 de julio fue oficializada la decisión del Gobierno de gestionar la Hidrovía Paraguay-Paraná por los próximos 12 meses con control estatal. Según el nuevo esquema, la AGP administra el canal fluvial, mientras que el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable desarrollará en paralelo la licitación larga, y adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la hidrovía.

El proceso de finalización de la actual concesión se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, con representación del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay estuvo bajo la gestión operativa del Consorcio Hidrovía S.A., en manos de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa, por los últimos 25 años.

La concesión de la vía navegable finalizó el 30 de abril último y fue prorrogada por 90 días el mismo día que vencía el plazo de gestión operativa.  Ahora se abre un nuevo proceso a lo largo del próximo año para que el Gobierno defina el tipo de esquema operativo.

En su nuevo rol de administradora de la Hidrovía, la AGP deberá estipular la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la vía navegable troncal, para que estos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar dependiendo del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con respecto a los distintos servicios que se prestan en los mismos.

De la misma manera, deberá establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, teniendo en cuenta la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores involucrados y obligados al pago.

Además, la AGP deberá detallar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su implementación, así como también los estándares de calidad o niveles para la correcta prestación de los servicios conexos involucrados.

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