Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA) son las entidades que componen la conocida Mesa de Enlace del campo, hoy muy enojada con el Gobierno nacional por su decisión de suspender hasta el 1º de marzo las exportaciones de maíz.

Mientras escribo este editorial se está realizando una reunión virtual entre las entidades para decidir si van al paro o realizan alguna otra medida de fuerza en protesta por la política gubernamental.

El Gobierno informó a fin de año que no se iban a autorizar exportaciones de maíz con fecha anterior al 1º de marzo, a fin de asegurar la provisión de ese cereal “para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.

Según cifras oficiales, sobre un total teórico de 38,5 millones de toneladas se lleva autorizada la exportación de unas 34,23 millones de toneladas, el 89%, es decir que lo que se cuestiona es el vuelco del 11% restante hacia el mercado interno.

No voy a entrar a analizar los argumentos empresarios porque es mejor esperar a que ellos mismos los desarrollen luego de su tan anunciada reunión. Desde El Agrario nos ocuparemos oportunamente de eso.

Pero no puedo pasar por alto el hecho de que los señores dirigentes del sector empresario del agro no hayan emitido ninguna declaración que explique o intente justificar su oposición al Bono de Fin de Año de 15 mil pesos en un pago solicitado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la C.N.T.A.

En ese ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, las entidades de la Mesa de Enlace, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representan al sector patronal, participando en igualdad de número con representantes del sector obrero designados por la UATRE y representantes del Estado designados por los ministerios de Trabajo y Economía.

Fueron infructuosos los tres encuentros que se tuvieron con el objetivo de acercar posiciones o generar alternativas coherentes a la propuesta de la UATRE. Finalmente, los representantes obreros aceptaron la propuesta del gobierno de un bono de 10 mil pesos en tres cuotas, algo demasiado lejos de lo que se pedía, basando su decisión en que los trabajadores recibieran algo en lugar de nada, que era la propuesta empresaria. Así que con los dos votos del Estado más los dos de la UATRE y la oposición de los dos votos empresarios, salió la resolución de carácter obligatorio ya publicada.

Hay que aclarar que la representación empresarial en la CNTA es rotativa en cuanto a sus integrantes, porque dos personas deben representar a cinco entidades. También es digno de destacar que la única entidad con sentido común y responsabilidad social fue Federación Agraria Argentina (FAA), ya que desde el principio se manifestó a favor del Bono solicitado por la UATRE.

Los argumentos esgrimidos por los representantes empresarios, en relación a la difícil situación de las economías regionales y el impacto que una medida de ese tipo causaría en ellas, fueron desbaratados rápidamente por el Secretario General de la UATRE, José Voytenco, cuando dejó en claro que “se pretende confundir a las economías regionales con las economías familiares, cuando esos pequeños productores solo se diferencias de nuestros trabajadores en que, por razones generalmente familiares, poseen un pedazo de campo para trabajar, pero nada tienen que ver con los emprendimientos agropecuarios que emplean mano de obra”.

“La realidad –destacó el líder gremial – es que la bonanza del sector agropecuario no se refleja en los salarios de nuestros trabajadores, quienes, cabe recordar, fueron declarados esenciales y no dejaron de trabajar un solo día durante la pandemia; por eso digo que, a diferencia de la mayor parte de nuestra economía, al sector rural le fue más que bien en 2020”.

Entonces, si los argumentos esgrimidos para rechazar el bono fueron tan débiles y la entidad que agrupa a la mayoría de los pequeños productores rurales (FAA) siempre estuvo de acuerdo con pagarlo, ¿qué intereses realmente se opusieron a la propuesta de la UATRE? O, como encabezamos este editorial: ¿Qué intereses realmente representan los líderes del campo?

Tal vez usted, que está leyendo este artículo, no conozca mucho de la realidad de nuestro sector rural. Y si forma parte del sector, tal vez no conozca algunos números que ayudan mucho a comprender la realidad. Hay que decir que los números del campo son un verdadero problema, la información está parcelada, desconcentrada, en muchos casos es inexistente. Es una falencia que el Estado, hasta el momento, no ha podido resolver.

Por eso las entidades empresarias armaron sus propias fuentes estadísticas y de información y la organización de los trabajadores también hizo lo propio, el recientemente creado Observatorio Nacional del Trabajo Agrario (ONTA) que funciona en el ámbito de la UATRE.

Según el ONTA, del total de establecimientos agropecuarios registrados legalmente un 47,38% emplea un solo trabajador y un 36,64% tiene entre 2 y 5 empleados. Es decir, que el 84,03% de los establecimientos rurales tiene entre 1 y 5 trabajadores, por lo que casi la mitad de los establecimientos hubiera tenido una erogación de 15 mil pesos y un poco más de un tercio hubiera tenido que enfrentar un gasto de hasta 75 mil pesos. ¿Se hubiera provocado el colapso de sus economías?

15 mil pesos equivalen a dos corderos, o a tres lechones chicos, o a 6 cajones de pollos, o a 100 kilos de novillo, o a 700 kilos de soja, o a un tercio de lo que produce una planta de manzana, o a tres cargas de combustible de una camioneta o al cambio de aceite y filtro de ese vehículo.

No considero ocioso recordar otros números, también proporcionados por la entidad gremial, relativos a la equivalencia en productos del agro con respecto al Bono solicitado por la UATRE: 15 mil pesos equivalen a dos corderos, o a tres lechones chicos, o a 6 cajones de pollos, o a 100 kilos de novillo, o a 700 kilos de soja, o a un tercio de lo que produce una planta de manzana, o a tres cargas de combustible de una camioneta o al cambio de aceite y filtro de ese vehículo. ¿A usted le parece que la UATRE hizo un pedido desmedido?

Cuando se produjo la recordada controversia por la famosa Resolución 125, de características confiscatorias, la UATRE se puso al lado de las entidades y compartió sus reclamos en las rutas del país. ¿Pasará lo mismo ahora?

Cuando el Gobierno del presidente Alberto Fernández estableció las retenciones escalonadas y diferenciadas, la UATRE respaldó sus  medidas porque este reconoció la realidad de los pequeños y medianos productores, haciendo recaer los valores más altos de las retenciones sobre un porcentaje muy pequeño de los productores. Sin embargo, la Mesa de Enlace se manifestó en contra de las medidas.

Algo parecido sucedió con la discusión sobre el tan mentado Bono de Fin de Año: se podría decir que la furiosa oposición en realidad representó a ese poco más del 15% de establecimientos que cuentan con más de 5 trabajadores rurales. Pero tampoco sucede que de 5 se pasa a centenares de empleados, no hay que confundirse. Apenas pasan de una docena los establecimientos con más de mil empleados, los cuales, por supuesto, son grandes emprendimientos empresarios.

Es muy probable que, al haber fracasado la propuesta del Bono de Fin de Año en su versión original, la UATRE encare este año una fuerte acción de lucha por la recomposición salarial, la cual no se relaciona exclusivamente con la inflación sino también con la incidencia real de la mano de obra en cada una de las actividades agropecuarias.

Sirva como ilustración, para quien ha llegado hasta aquí con la lectura, que el salario medio de un trabajador rural a nivel nacional es de 37 mil pesos. Importante diferenciar: Salario medio, no promedio, es el salario ubicado en el 5º Decil, justo en el medio. Por otra parte, el 49,5% de los trabajadores rurales percibe un salario entre 30 y 50 mil pesos y el 34,47% de los establecimientos está pagando por debajo de los salarios de convenio homologados por la CNTA.

Recientemente, José Voytenco, en su calidad de flamante Presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), anunció su decisión de profundizar la lucha contra el trabajo en negro, el trabajo infantil y la trata de personas en el sector rural, reconociendo que no menos de 500 mil trabajadores rurales aún trabajan al margen de la ley y en situación totalmente desamparada.

Hemos entrado en el Centenario de los Mártires de la Patagonia Rebelde. ¿Podrá el sector rural estar a la altura del siglo XXI no solo en materia tecnológica sino también laboral? ¿Comprenderán los líderes empresarios la enorme responsabilidad que les cabe en ese sentido?

Le propongo a usted, y a su sano criterio, la respuesta a estas preguntas y a la pregunta inicial de este editorial. Esperemos tener un mejor 2021 que el que hemos pasado.

Seguí leyendo: Fuerte desencuentro entre Uatre y entidades patronales por el bono de fin de año