Se viven momentos tensión en la localidad entrerriana de Santa Elena, en el Departamento de La Paz, tras la escandalosa usurpación de un campo propiedad de la familia Etchevehere, por parte de personas que responden a agrupaciones sociales comandadas por el dirigente social Juan Grabois.

Bajo el lema “Fuera Grabois de Entre Ríos”, y con el objetivo de defender la propiedad privada y reclamar a las autoridades judiciales y provinciales el desalojo del campo, más de 600 productores realizaron una movilización y se encuentran a la vera de la ruta desde el mediodía de ayer en la ruta 12 y acceso a Santa Elena, en la entrada del establecimiento “Casa nueva” en repudio a la toma de tierras por parte de agrupaciones que responden al dirigente social Juan Grabois. Hay presencia policial para evitar que escale el conflicto.

Este caso en particular, mezcla un conflicto familiar entre hermanos por la sucesión de una de las familias más poderosas de Entre Ríos de la cual es parte el ex titular de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.

Dolores Etchevehere lleva ya una década de enfrentamiento con sus 3 hermanos, a los que denuncia por actos de corrupción y violencia económica luego de la muerte de su padre. La hermana del ex Ministro de Agroindustria Macri, participa de la ocupación con el apoyo legal de Juan Grabois y de otros referentes del MTE Rural, decidió la semana pasada donar el 40% de la parte que supuestamente le corresponde de esa estancia, permitiendo el acceso de 40 personas que responden al dirigente social y tomaron posesión del lugar. Para eso, firmó con el “Proyecto Artigas” un acta para desarrollar una colonia agroecológica. Aunque según el resto de la familia esas tierras no le pertenecen y “nadie puede donar lo que no le pertenece”.

Grabois por su parte declaró ayer: “Dolores Etchevehere me vino a ver hace unos meses para trabajar juntos en un proyecto agroecológico. Ella abrió las puertas de la “Casa Nueva” el 15 de octubre. Tiene llaves, conoce a las personas que trabajan allí. No hubo ninguna usurpación violenta, como denunciaron. La gente fue invitada por Dolores y ella tiene la escritura para poder estar. El tema de que ingresaron con armas y de manera violenta está descartado en el expediente”, y denunció un “abuso de poder” por parte de los Etchevehere “contra su única hermana mujer”.

“Nuestra idea es ver lo que dice el juez. Si es favorable todo bien. Si no lo es, seguiremos haciendo nuestros planteos legales. No hay elementos vinculados a amenazas, violencia física o verbal. Pero son tantas las amenazas que recibí que no voy a ir a Entre Ríos, lo que me da bronca, porque quiero ejercer la profesión. Soy el abogado de Dolores y no pude asumir en Entre Ríos por esta amenaza”, declaró el líder social.

Para dirimir el conflicto, y tras la denuncia por usurpación por parte de la familia Echevehere, ayer por la tarde comenzó una audiencia judicial, encabezada por el Dr. Raúl Flores, Juez Subrogante del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz y por el Agente Fiscal, Dr. Oscar Sobko. Despúes de varias horas, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 12 de hoy, cuando las partes en conflicto incorporarán al expediente las pruebas que han ofrecido presentar en la audiencia.

Por su parte, Luis Miguel Etchevehere declaró, “El objetivo de Juan Grabois es quedarse con lo del otro. Me llama la atención que no haya un repudio categórico del gobierno nacional y provincial a este proceder del dirigente”.

Desde la Sociedad Rural La Paz, expresaron su repudio, a la usurpación, “en línea con la Mesa de Enlace de Entre Ríos y de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), en el sentido de repudiar y condenar enérgicamente todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas”. Además invocaron a la Justicia y al ámbito político a pronunciarse respecto del hecho, ya que no lo hicieron, y reclamaron a los organismos oficiales “que no se rechace enfáticamente y con la celeridad requerida, por parte la Política y la Justicia, la usurpación como modo de resolver las falencias del Estado por las deudas sociales”.

La filial de la Federación Agraria de Crespo en Entre Ríos, habla de “prácticas delictivas” en contra de la propiedad privada, que no puede ser convalidado desde la política “con una mirada distraída e irresponsable. Los ciudadanos entrerrianos necesitamos tranquilidad y seguridad jurídica y que la columna vertebral de las leyes sea nuestra Constitución Nacional”.

Fuentes: Télam / Elonce TV / Twitter.

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