Las observaciones del "Comité Provisorio de Control" del concurso preventivo de Vicentin llevan la rúbrica de representantes del Banco Nación Argentina, los bancos extranjeros, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y dos sindicatos Aceiteros, llamando “superficial, sesgado y carente de rigor técnico” al Informe General elevado al juzgado por la Sindicatura.

Se remarcó que el informe “poco aclara” sobre las “causas del desequilibrio económico” que resultó en la debacle económica y posterior cesación de pagos de la entonces sexta empresa agroexportadora de la Argentina.

Según el criterio de los acreedores, el reporte de la sindicatura sencillamente reproduce el planteo original de la firma sobre el causante de su cesación de pagos, que fuera declarada en diciembre de 2019.

“Su lectura y análisis transmite una sensación insólita a la luz de las circunstancias del caso, (según la sindicatura): Vicentin es una empresa que ha tenido la mala fortuna de verse atacada por un sinnúmero de causas exógenas que determinaron su caída en cesación de pagos, sin que la empresa hubiera contribuido en nada a esa realidad”, declara el comité en su análisis acerca del reporte de la Sindicatura.

Vicentin SAIC se concursó por pedido del directorio en marzo del 2020  por un pasivo estimado en U$S1.500 millones, que se considera “uno de los defaults más grandes que registre la historia argentina”.

En sus observaciones el comité va más allá y denuncia que la Sindicatura “deja incluso una impresión de que hay más responsabilidad en los acreedores (financieros por prestar dinero y proveedores de granos porque se apuraron en fijar precio para sus ventas), que en la propia concursada”, como las causas de la debacle en la previa al colapso de la firma agroexportadora.

Según el análisis de los acreedores, a lo largo del informe no hay “referencia alguna a que ponga de manifiesto la responsabilidad de la propia concursada y de sus administradores en la verdadera debacle que significó la cesación de pagos de Vicentin”.

Es que los argumentos esgrimidos por la propia empresa, al pedir la apertura del concurso preventivo en febrero del año pasado, eran los mismos que son citados por la sindicatura: los problemas financieros eran motivados por factores externos como la sequía que azotó a la Argentina en 2018, la incertidumbre cambiaria generalizada por las elecciones primarias (PASO) de agosto de 2019 y complicaciones por la desaceleración de los mercados mundiales.

“No hay ni un tímido intento por exponer la gran responsabilidad que cupo a la propia Vicentin -y a sus administradores- en el (mal) manejo de la empresa que culminó en la cesación de pagos”, denuncia el grupo de acreedores.

En la opinión del Comité “ni la sequía del año 2018, ni las condiciones generales del mercado, ni los mecanismos de financiación de la actividad productiva -ni tampoco ninguna otra de las causas que ensaya la Sindicatura para explicar la cesación de pagos- alcanzan, ni en sí mismas ni consideradas en su conjunto, para explicar este enorme agujero negro en los estados contables de la cerealera.”

Los acreedores denunciaron además que la Sindicatura no considero para su Informe General, reportes clave que echarían luz sobre los causales de la caída, los trabajos parciales confeccionados por una auditoría forense pedida por el Comité y aceptada por el juez Lorenzini en el concurso.

En estos informes especializados se remarca que “sus bienes de cambio pasaron de U$S714 millones en julio de 2019 a U$S10 millones en febrero 2020”; en tanto que “los créditos por ventas pasaron de U$S252 millones a U$S70 millones en febrero 2020” y los pasivos con proveedores de materia prima “aumentó de U$S10 millones en julio de 2019 a casi U$S417 millones en febrero de 2020”.

Este último análisis no figura en el informe de la Sindicatura según denuncian los acreedores que muestra los números de “un colapso financiero tan abrupto e intempestivo como el de Vicentin, que ocurrió casi de la noche a la mañana”.

La AFIP amplió la denuncia contra Vicentin por maniobras fraudulentas con facturas apócrifas

Además de los planteos en material civil, la empresa afronta demandas penales sobre presuntas estafas, en una de las causas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplió la denuncia penal contra Vicentin por el uso indebido de beneficios fiscales.

La presentación elevada ante la Justicia Federal de Reconquista registra la ampliación de la primera denuncia de agosto del 2020 contra laagroexportadora por utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas para solicitar reintegros de IVA por más de $111 millones, según fuentes judiciales.

De esta forma, entre ambas presentaciones, la AFIP denunció a Vicentin por maniobras fraudulentas por $140 millones, detectando nuevas operaciones de exportación en los períodos 2016 y 2017 por las que la empresa pidió reintegros de IVA con respaldo en documentación apócrifa, en uno de los tantos frentes abiertos de la compleja situación de la concursada cerealera.

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