Un informe publicado por el Grupo de Evaluación de Glifosato (AGG) creado por la Unión Europea analizó el impacto medioambiental del uso de glifosato y cómo influye en la salud, llegando a la conclusión de que el herbicida no es cancerígeno y que es seguro si se lo emplea respetando las instrucciones.

De acuerdo al reporte de 11.000 páginas, el AGG determinó que el glifosato es seguro para todos los usos propuestos, tanto para los operadores y trabajadores como para los transeúntes, señalando especialmente que "la clasificación del glifosato con respecto a la carcinogenicidad no está justificada”. Además, determina que el herbicida cumple los criterios de aprobación para ser utilizado en productos fitosanitarios.

El informe también se refirió a una evaluación desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en la que manifiesta que no existe riesgo para el consumidor por el tratamiento de cultivos con glifosato, ya sea posibles residuos en cultivos luego de la aplicación del herbicida y posibles residuos en productos alimenticios para animales cuando el ganado ha estado expuesto al glifosato y sus metabolitos. Al respecto los revisores de la UE solicitaron al Grupo de Renovación de Glifosato (GRG) mayor información para poder confirmar esta conclusión.

Sin embargo, el documento señaló algunas precauciones a tener en cuenta, tanto en en el uso residencial, ya que no se pudo demostrar un uso seguro, como en materia de salud, al poder ocasionar “daño ocular grave” en caso de exposición directa y al ser “tóxico para la vida acuática con efectos duraderos”. Cabe destacar que estas conclusiones surgieron de la evaluación anterior, por lo que no tuvieron tanta relevancia como para alterar la conclusión del AGG.

Finalmente, para poder renovar el permiso del uso de este herbicida, la GRG tendrá que superar obstáculos regulatorios adicionales que incluyen una revisión adicional por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Sustancias Químicas, un período de comentarios públicos y una mayor investigación por parte de los reguladores en los estados miembros individuales de la UE.

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