A raíz de la controversia que causó en el ámbito de salud la medida cautelar a la que hizo lugar el juez federal Javier Pico Terrero para que se le administrara dióxido de cloro por vía intravenosa a un paciente -a partir de la prescripción de su médico- llevó a sociedades científicas a pronunciarse en repudio de esta decisión judicial, y a avalar el accionar del sanatorio, el cual se negó a suministrarle la sustancia advirtiendo que "es un tratamiento no autorizado por la ANMAT" -Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-.

ANMAT

Frente a esta situación, la ANMAT reiteró a través de un comunicado oficial, tal como lo hizo en agosto del año pasado, su recomendación de "no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas" (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina).

De esta forma se encargó de asegurar -una vez más- que aún no hay evidencia científica sobre su eficacia para el tratamiento de coronavirus u otras enfermedades. Además destacó que su uso no cuenta con autorización, y podría ocasionar "graves efectos adversos".

Organización Panamericana de la Salud

En la misma línea, el organismo público, dependiente del Ministerio de Salud, agregó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió también un documento sobre la posibilidad de efectos adversos que podría causar la ingesta de este producto.

Es válido mencionar que la Organización ya en julio del 2020 había dejado en claro a través de un documento oficial la no recomendación de esta sustancia, de todas formas, actualmente, reconoció que frente a numerosos ensayos clínicos en curso, actualiza el documento de manera periódica, y aún no se cuenta con su aprobación.

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