El proyecto de ley del oficialismo para un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que obtuvo dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda dictamen en la Cámara de Diputados, ha sido cuestionado por una comisión de la Conferencia Episcopal Argentina, calificándolo como un retroceso en la política ambiental argentina.

En este sentido, el documento presentado a través de  la Comisión Nacional de Justicia y Paz, se manifestó a favor del desarrollo de los biocombustibles y la energía limpia en la Argentina, haciendo hincapié en la contaminación que producen los combustibles fósiles, tecnología que debe ser reemplazada progresivamente y sin demora.

Al mismo tiempo, remarca el compromiso argentino con el Acuerdo de París en pos de disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). No obstante, discute una serie de puntos de dicho proyecto, como la disminución del porcentaje de biocombustible en la mezcla de los combustibles en surtidor, que contradice el Principio de Progresividad que establece la Ley General del Ambiente 25675 y del Acuerdo de París, ratificado por ley 27270, superior a las leyes nacionales (CN, art. 75, inc.22)".

Otras cuestiones que generaron controversia son la poca claridad respecto de los costos asociados, el dejar a criterio del mercado la transición energética cuando es una política pública obligatoria, el de disponer como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Energía, cuando debiera ser tripartita, conformada por Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Producción Agropecuaria.

Asimismo, el informe dejó en claro que no existe una disputa entre los biocombustibles y la producción de alimentos para animales, y señaló que la producción de maíz contribuye a equilibrar la rotación de cultivos al competir con la amenaza de monocultivo de la soja.

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