El proyecto de Ley de Manejo del fuego, se trata de una iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y establece la modificación de la Ley 26.815. Esta iniciativa propone incorporar un nuevo artículo que indica la prohibición de realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios. Por lo tanto, está modificación en la Ley, impide cambios en la actividad agrícola, en los emprendimientos inmobiliarios y en cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

Según indica la Ley, la prohibición de realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios "será por el término de 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales".

Vemos avanzar un proyecto de ley de modificación de la ley conocida como manejo del fuego (Ley 26.815), donde en ella se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos.

Frente a este proyecto, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestaron  una enorme preocupación y justificaron "vemos avanzar un proyecto de ley de modificación de la ley conocida como manejo del fuego (Ley 26.815), donde en ella se generan sanciones gravísimas para los productores titulares de la tierra que sufren un incendio, que se suman al hecho de ver quemados sus campos". 

La entidad que encabeza Jorge Chemes, a través de un comunicado de prensa, instó a Diputados y Senadores “a rechazar” la iniciativa de modificación de la Ley 26.815, de manejo del fuego, por considerarla “carente de razonabilidad y con un doble castigo a quien ha sufrido un incendio”. En ese sentido, opinó que “reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables”.

En su escrito CRA indicó que  "el proyecto en cuestión, no distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio", y en esa  misma línea agregó "se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble".

Desde la entidad y reafirmando la intencionalidad de la norma indicaron: "pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros".

Reformar una ley debe ser siempre la búsqueda de una norma superadora y no un acto de irracionalidad política fundado en prejuicios inaceptables.

Por último CRA detalló las provincias afectadas y la cantidad de hectáreas incendiadas durante ese año: "En la provincia de Formosa se han quemado más de 500.000 hectáreas, zonas de pastizales, montes bajos, sotobosques, producto de la sequía. En Córdoba, se han incendiado casi 200.000 hectáreas en su mayoría de zonas serranas sin valor productivo y mucho menos inmobiliario, zona de bosque nativo, aplicándose esta nueva ley sería muy difícil de reparar el sistema vegetativo que se quemó."

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